Reunidos en Santa Cruz, los comités cívicos de los nueve departamentos emitieron una dura resolución para frenar el colapso económico tras 28 días de bloqueos, respaldando al presidente Rodrigo Paz Pereira.
En un pronunciamiento conjunto desde Santa Cruz de la Sierra, los Comités Cívicos de los nueve departamentos de Bolivia sellaron un acuerdo de unidad nacional para frenar lo que denominaron un “colapso económico y humanitario”. Tras 28 días de bloqueos protagonizados por sectores radicales, el Movimiento Cívico Nacional exigió medidas drásticas e inmediatas al Gobierno y al Legislativo para restablecer el orden en el país.
El documento emitido señala de forma tajante que Bolivia transita entre dos caminos: la agenda desestabilizadora de “grupos irregulares motivados por apetitos de poder” y la Agenda Productiva Autonómica, promovida por el sector cívico como la única hoja de ruta para rescatar la economía de las provincias y regiones del país.
Estado de Excepción y respaldo presidencial
Ante la gravedad de la crisis, el movimiento cívico instó de manera directa al presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, a no ceder ante los chantajes políticos, ejercer su autoridad constitucional y aplicar un Estado de Excepción sectorizado para neutralizar las amenazas de un supuesto golpe de Estado y desarmar a los grupos calificados como “sediciosos y terroristas”.
Ofensiva legislativa: Ley Antibloqueo y Resarcimiento
Los líderes cívicos urgieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a tratar y aprobar de forma inmediata un paquete normativo de emergencia:
- Ley Antibloqueo: Una normativa que tipifique el cierre de carreteras como un delito de gravedad contra la seguridad nacional.
- Ley de Resarcimiento Económico: Una ley que obligue legal y financieramente a los cabecillas de las movilizaciones a reparar con su propio patrimonio los daños causados al aparato productivo, la infraestructura estatal y la propiedad privada.
Orden de captura contra Evo Morales
El punto más político y vinculante de la resolución exige a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Aymma, señalado como el principal instigador de la violencia y el asedio que asfixia al país.
“La impunidad de quienes han sido identificados como principales instigadores de la desestabilización es un ataque directo al Estado de Derecho”, dicta la resolución cívica, demandando que la ley se aplique sin cálculos políticos.
