Tras la reciente aprobación en grande del proyecto de ley que busca dejar sin efecto la Ley N° 1341, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, salió al frente para defender la determinación del pleno legislativo. La autoridad parlamentaria aseguró de manera categórica que la norma regulatoria vigente fue distorsionada en el pasado para ser utilizada como un instrumento de cálculo político y partidario, perdiendo su verdadera esencia constitucional.

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Ávila argumentó que, ante la extrema conflictividad y el estrangulamiento de las carreteras que sufre el país, el Órgano Ejecutivo no puede estar atado de manos. Sostuvo que el Gobierno central tiene la responsabilidad histórica y constitucional de activar los mecanismos que considere necesarios —incluyendo las medidas de excepción— cuando el fin primordial sea pacificar el territorio nacional y defender el orden democrático.

El titular del Senado enfatizó que este movimiento parlamentario no debe interpretarse como un cheque en blanco, sino como la restitución de las facultades estatales para responder con inmediatez a las crisis que amenazan la estabilidad económica de las familias bolivianas. El proyecto de ley, que ahora aguarda su tratamiento en detalle, continúa generando un intenso debate en el escenario político nacional.